Proteger las libertades cívicas de las mujeres para mejorar su papel en la vida pública

Texto y Foto: Civicus

Veinticinco años después de la ratificación de la Plataforma de Acción de Beijing, y un año después de que mujeres de todo el mundo participaran en la Huelga Mundial de Mujeres, la justicia de género sigue sin ser una realidad para la mayoría de las mujeres. A pesar de que numerosas movilizaciones masivas han sido lideradas por mujeres en todo el mundo y de que hemos presenciado múltiples campañas e intervenciones políticas lideradas por mujeres de la sociedad civil, activistas y abogadas, la lucha de las mujeres por conseguir la plena igualdad continúa.

El tema de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65) de este año, que se celebra del 15 al 26 de marzo de 2021, es Mujeres en la vida pública: Igualdad de participación en la toma de decisiones. Para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (sobre la igualdad de género) es necesario garantizar que las instituciones multilaterales y los gobiernos de todo el mundo protejan, reconozcan, valoren y apoyen las libertades cívicas de las mujeres en la sociedad civil. Esto sólo puede hacerse reconociendo que el ODS 16 (sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas) es un medio importante para garantizar las libertades cívicas de las mujeres activistas de todo el mundo que luchan para garantizar los derechos humanos de todas las personas, a pesar de los obstáculos a los que se enfrentan. Para ello, los y las abajo firmantes piden al sistema de las Naciones Unidas y a los gobiernos de todo el mundo que garanticen la protección, los recursos y el apoyo al trabajo de las mujeres de la sociedad civil en todos los ámbitos.

En lugar de quedarse de brazos cruzados, las mujeres y las niñas de todo el mundo se están movilizando de forma solidaria para hacer frente al fortalecimiento del neoliberalismo, la desigualdad, el sexismo, el militarismo, el racismo y el patriarcado a nivel local, nacional e internacional. En todo el mundo, mujeres de todas las edades están saliendo a la calle y ocupando espacios virtuales para defender los derechos humanos de todas las personas y exigir un cambio sistémico. Movimientos como “Ni Una Menos” en América Latina, las protestas de Czarny en Polonia, o las protestas lideradas por el movimiento feminista en LíbanoArgelia e Irak han desafiado los sistemas patriarcales, demostrando que las mujeres son una fuerza con la que hay que contar. Organizaciones como la Liga de Mujeres Profesionales de Ucrania han dirigido programas que mejoran la capacidad de las mujeres para asumir funciones de liderazgo, participar eficazmente en la fuerza de trabajo e identificar las necesidades de aprendizaje de las mujeres. Mientras que otras, como la Red de Desarrollo y Comunicación de las Mujeres Africanas (FEMNET), han dotado y apoyado activamente a las mujeres activistas para que participen en la política macroeconómica y aborden las desigualdades.

Con el inicio de la pandemia de COVID-19, ahora más que nunca es fundamental volver a pensar cómo apoyar y proteger a las mujeres activistas en su trabajo para mejorar la vida pública. Las movilizaciones masivas de manifestantes, con las mujeres al frente, han llevado a la reforma de los sistemas políticos, a la revisión de las condiciones restrictivas de los préstamos con las instituciones financieras internacionales y a la protección de los derechos de salud sexual y reproductiva. A pesar de estos increíbles logros, las organizaciones de derechos de la mujer siguen teniendo una escasez crónica de recursos. Además, las mujeres se enfrentan a un triple peligro: desde las restricciones y la violencia avaladas por el Estado que se derivan de su trabajo en la sociedad civil, hasta las reacciones misóginas por desprenderse de las normas patriarcales, pasando por la falta de recursos y de atención comunitaria para hacer frente a las presiones y los daños psicosociales por realizar este trabajo. Las mujeres periodistas se han enfrentado a un deterioro de las condiciones en las que llevan a cabo su trabajo, lo que incluye un aumento de las restricciones al cubrir las noticias de la COVID-19, en medio de un aumento de las agresiones físicas y del acoso en línea.[1]

Reconociendo la relación entre la igualdad de género y las libertades cívicas, el Relator Especial de la ONU Clément Voule escribió que “las voces de las mujeres y sus contribuciones al activismo y a la sociedad civil siguen estando infravaloradas, sin recursos y socavadas. Si bien se han logrado avances significativos para garantizar la participación de las mujeres en la vida pública, tanto los agentes estatales como los no estatales siguen violando los derechos de las mujeres a las libertades de reunión pacífica y de asociación, tanto en línea como fuera de línea”.

Es imposible que los objetivos de desarrollo sostenible se alcancen de forma efectiva sin abordar las múltiples formas en que la contribución de las mujeres al cambio es sistemáticamente atacada por los actores estatales y no estatales. Por lo tanto, durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de este año, las organizaciones abajo firmantes instan a los gobiernos y a los organismos multilaterales a que asignen recursos significativos y a que la aplicación se ajuste a los marcos políticos existentes para hacer realidad la igualdad de género y el apoyo a las mujeres en la vida pública. En concreto, pedimos:

  1. Que los gobiernos creen entornos propicios en la legislación, la política y la práctica para la participación de las mujeres en la vida pública, con especial atención a la eliminación de cualquier obstáculo a la libertad de reunión, asociación y expresión de las mujeres y las niñas;
  2. Que los gobiernos establezcan y doten plenamente de recursos a instituciones nacionales independientes, para salvaguardar, promover y proteger la participación cívica de las mujeres;
  3. Que garanticen la prioridad y la protección de la libertad de prensa, revocando cualquier legislación que criminalice indebidamente el trabajo de los periodistas, y garantizando que las mujeres periodistas puedan acceder a la justicia, a la protección y a unas condiciones de trabajo seguras mientras realizan su labor.
  4. Que los gobiernos garanticen la investigación completa de las agresiones contra las defensoras de los derechos humanos, las abogadas y las periodistas, y que formen y den instrucciones a las fuerzas de seguridad para que defiendan y respeten los derechos de las mujeres cuando participan en la vida pública;
  5. Que los gobiernos elaboren y apliquen planes que tengan en cuenta las cuestiones de género para derogar las normas COVID-19 que restringen indebidamente el espacio cívico de las mujeres en la sociedad civil;
  6. Que los gobiernos modifiquen la legislación vigente en materia de reunión, en consonancia con la Observación General de la ONU sobre el artículo 21 del PIDCP, reconociendo y protegiendo el derecho de reunión en línea y presencial, prestando especial atención a las dimensiones de género del derecho de reunión;
  7. Que los gobiernos apliquen las recomendaciones del Convenio de la OIT sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190) – reconociendo el trabajo de las mujeres activistas, periodistas, manifestantes y líderes de la sociedad civil como un trabajo que debe llevarse a cabo legítimamente libre de violencia y acoso.
  8. Que los gobiernos se comprometan a realizar inversiones estructurales a largo plazo, como el desarrollo de infraestructuras para potenciar los esfuerzos de la sociedad civil y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad civil para desarrollar alternativas sostenibles, para permitir la resiliencia, la relevancia y la sostenibilidad de la sociedad civil, priorizando especialmente a las mujeres en la sociedad civil;
  9. Que los gobiernos y los responsables aborden las injusticias de género y los prejuicios subyacentes que dan lugar a la falta de recursos de las organizaciones de derechos de la mujer;
  10. Que los representantes de los gobiernos eviten denigrar y acosar a las mujeres a todos los niveles y desarrollen mecanismos para que quienes amenacen, ataquen y agredan a las mujeres, así como quienes las sometan a campañas de desprestigio, rindan cuentas de sus actos, haciendo públicos los ejemplos de los autores para que sirvan de disuasión a otros; y
  11. Que las Naciones Unidas fomenten activamente la participación de las mujeres en sus foros, condenando las represalias dirigidas a las mujeres y garantizando la eliminación de los obstáculos a esta participación, en consonancia con los llamamientos del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y con la Nota de orientación de las Naciones Unidas sobre la protección y defensa del espacio cívico.

Los/las abajo firmantes,

  1. NGO “League of Professional Women” (LPW)
  2. Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)
  3. Women in Development
  4. IUCN National Committee of the Netherlands (IUCN NL)
  5. Bahrain Centre for Human Rights
  6. WHRDMENA Coalition
  7. CIVICUS
  8. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  9. African Centre for Democracy and Human Rights Studies
  10. Tribal Rights Watch Pakistan
  11. Rainforest Alliance
  12. The Gulf Centre for Human Rights
  13. Volunteer Activists Institute
  14. Bulgarian Center for Not-for-Profit Law
  15. Women’s March Global

[1] Para consultar algunos ejemplos de las amenazas y restricciones a las que se enfrentan las mujeres a la hora de participar en la vida pública, véase el apéndice al final de esta carta.

Nota original en: https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/4974-proteger-las-libertades-civicas-de-las-mujeres-para-mejorar-su-papel-en-la-vida-publica

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