El control social
Por Malkya Tudela Canaviri, Erick Chipana Mendoza (video y artes), Cantobena (infografías) y Gladys Patty (diseño y web). Fotos: Jesús Diez Cayuba
Esta investigación se elaboró en el marco del taller virtual “El periodismo como ejercicio de defensa de derechos”, que realizó la red UNITAS con el apoyo de la Unión Europea y en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el coauspicio de FUNDAMEDIOS de Ecuador, dentro del proyecto “Sumando Voces Multiplicando Acciones: Las Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”.
A pesar de las “consultas públicas” en los municipios en los años 2015, todavía muchos actores locales quedaron con dudas respecto de la carretera. Así se formó el Control Social Circunstancial cuyo único objetivo es hacer seguimiento de la construcción de la vía San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco.
La Ley 347, art. 7, prevé la conformación de un equipo de personas cuyo único objetivo sea fiscalizar y vigilar un hecho concreto y disolverse al lograr su objetivo.
Antonio Suárez es el presidente del Control Social Circunstancial (CSC), compuesto por 16 personas, cuatro por municipio. Entre los miembros del equipo están algunos caciques indígenas, quienes en este espacio se concentran en los objetivos de fiscalización de las obras.
En su pequeña casa de San Ignacio de Velasco, dotada de un gran patio con árboles centenarios, Antonio Suárez, sentado ante la mesa familiar, dice: “Nosotros hemos hecho solicitudes a la ABC para acompañar en dos inspecciones en 2020. Hemos pedido la documentación para que nos entreguen, pero no nos entregan completo, nos entregan por partes. Contratar gente del lugar, (es lo que) no están haciendo”.
Una de las expectativas sobre la carretera es la creación de empleo. Los documentos de la ABC dicen que entre los impactos positivos está contratar mano de obra local y foránea para las obras de construcción y mantenimiento del camino. “Asimismo, durante el periodo de construcción se generarán otros empleos indirectos que cubrirán los servicios que los trabajadores de la obra demanden: restaurantes, hostelería y turismo”, dice la ABC.
Al respecto, enfundado en su camisa y pantalón de bluejeans, usual entre los obreros en Santa Cruz, Antonio Suárez cuenta que en la cuarentena la empresa china dio empleo a un centenar de trabajadores.
“Hoy tuvimos reunión con gente que estaba trabajando y han sido despedidos en diciembre. Sus contratos laborales, no sé cómo los harán. Nosotros hemos entrado al campamento (menciona una inspección anterior) para ver la alimentación, teníamos reclamo de la alimentación y de que no estaban cumpliendo con las 8 horas de trabajo, que estaban trabajando en exceso. Hemos visto falencias en dormitorios, en baños higiénicos, entonces han tenido ellos (la empresa) una recomendación para observar y tomar precauciones”, explica Suárez.
Ahora piensan solicitar al Ministerio de Trabajo un acompañamiento para hacer inspecciones en los campamentos.
La tarea del control social es velar por el cumplimiento de las normas en la ejecución del proyecto, esto implica vigilar tanto la aplicación de las disposiciones ambientales como de las laborales, junto con la fiscalización al presupuesto y a la calidad de las obras.
Pero las primeras acciones del CSC han sido demandar que se transparente la información oficial sobre el proyecto.
Hasta ahora desarrollaron dos inspecciones. En septiembre de 2020, participaron de ese recorrido los funcionarios de la ABC y de la empresa supervisora EPTISA-CYPLA, representantes de la empresa china y de las alcaldías, y los miembros del control social circunstancial. Ese paso les dio reconocimiento y legitimidad ante las autoridades estatales.
Los problemas identificados son principalmente por afectaciones materiales inmediatas a las comunidades que están sobre la carretera.
Quitar la maleza (troncos, raíces) acopiada sobre la plataforma del camino, colocar una señalización clara y oportuna, comprometerse a contratar mano de obra local, alambrar la longitud de alguna comunidad, son algunas de las observaciones repetidas en los cuatro municipios.
“La comunidad indígena San Pedro de Sapocó hace conocer que la carretera afectará su Unidad Educativa, pozo artesiano, viviendas y su represa, por lo que pide a la Supervisión tomar en cuenta su reposición inmediata. La supervisión realizará la verificación de la afectación dentro del derecho de vía para proseguir con las acciones que corresponda”, dice el acta con información recolectada en la visita al municipio de San Miguel de Velasco.
Las comunidades no han dejado de sentir desconfianza ante los funcionarios de la ABC. Antonio Suárez explica que los comunarios se niegan a abandonar las casas o espacios que están ubicados en los 50 metros a ambos lados de la carretera. “Ellos primero quieren que les hagan la construcción donde se van a mudar para que puedan irse con seguridad”, dice el presidente del CSC.
