Trabajo infantil: Gobierno admite que no logró objetivos y alista política pública
Esta investigación del medio Guardiana se realizó en el marco del taller virtual “El periodismo como ejercicio de defensa de derechos” (2da versión) que realizó la red UNITAS con el apoyo financiero de la Unión Europea y en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el coauspicio de FUNDAMEDIOS de Ecuador, dentro del proyecto “Sumando Voces Multiplicando Acciones: Las Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”.

José tiene nueve años. Apenas logra alcanzar los parabrisas de los carros pequeños que circulan por El Prado de La Paz a vista de policías y guardias municipales. Se supone que no debería estar ahí porque ningún niño, niña o adolescente menor de 14 años debería trabajar. José comenzó a limpiar parabrisas hace menos de un mes porque necesita un celular para pasar clases. Cuenta que por falta de uno tuvo que abandonar el colegio. Su tío le prestó herramientas de limpieza y sus papás, asegura, le apoyan.

El Gobierno de Evo Morales prometió a la Organización Internacional del Trabajo en 2018 que erradicará el trabajo infantil en Bolivia hasta el año 2025. La administración de Luis Arce Catacora mantiene esa fecha como meta. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha reconocido en un último documento que ha estado circulando en julio de este año en dicha cartera con el título “Bolivia: Un país libre del trabajo forzado, peligroso y explotación laboral de niñas, niños y adolescentes” que no se han logrado cumplir objetivos trazados desde el año 2000.

Dicho documento contiene la política pública que alista el Gobierno para trabajar en la problemática del trabajo infantil y adolescente, y consta de cuatro partes: Una primera denominada “Marco normativo y competencial”; una segunda parte que cumple la función de un diagnóstico con el título “Caracterización de la problemática del trabajo de NNA en Bolivia”; una tercera llamada “Formulación de la Política Pública” y una cuarta que lleva por título “Directrices del Plan Quinquenal para la Eliminación de las Determinantes del Trabajo de menores de 14 años y del trabajo peligroso, y protección al adolescente trabajador/a”.

Después de cuatro años de la exhortación del Tribunal Constitucional Plurinacional para que “el Estado Boliviano, a través de las instancias correspondientes, y de los Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco de sus competencias, cree políticas públicas de erradicación del trabajo infantil”, el Gobierno está impulsando la formulación de una política pública. En el documento mencionado, reconoce que “no se ha incidido de manera significativa en la eliminación” de “las peores formas de trabajo de niñas, niños y adolescentes”.

“El Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil PNEPTI 2000 – 2010 ya había establecido la prioridad de la erradicación de las ‘Peores Formas de Trabajo Infantil’, además de reducir otras formas de trabajo de niñas, niños y adolescentes y brindar protección a adolescentes trabajadores. Como objetivo estratégico, la erradicación de las peores formas de trabajo mantenía un fuerte componente de fiscalización y atención directa. Diez años después, los resultados del PNEPTI sobre la erradicación de las peores formas de trabajo de niñas, niños y adolescentes muestran que no se ha incidido de manera significativa en la eliminación de estas actividades y que el Plan no ha alcanzado los objetivos planteados, evidenciando la necesidad de establecer un nuevo lineamiento de acción desde el Estado…”.

Fuente: Diagnóstico del proyecto “Bolivia: Un país libre del trabajo forzado, peligroso y explotación laboral de niñas, niños y adolescentes”

En tinieblas sobre este problema

No se conoce en este momento cuántos niños, niñas y adolescentes trabajan en Bolivia ni cuáles son los escenarios precisos en los que desarrollan sus actividades laborales ni en qué condiciones lo hacen. En 2008, Unicef informó sobre 800 mil niños trabajadores en Bolivia. Dos años después, en 2016, el Gobierno de Evo Morales celebró una reducción del 50 por ciento y el Instituto Nacional de Estadística (INE) aseguró que solo había 393 mil menores de edad trabajando. Sin embargo, esas cifras fueron motivo de polémica. En 2021, no se sabe cuántos trabajan porque incluso los números que maneja el Gobierno actual para su diagnóstico tienen base en información del 2016,

Así lo verificó Guardiana en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz mediante entrevistas a las y los defensores de la Niñez y Adolescencia. Esto fue corroborado por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien contó que en una investigación nacional que lleva adelante dicha instancia, pudo advertir mediante la solicitud de información a unas 60 defensorías que muy pocas autorizaciones de trabajo han dado a adolescentes. Guardiana pudo verificar en el caso de La Paz que fueron 10 desde el año 2019, en Santa Cruz alrededor de 30 y en Cochabamba no tenían la información a mano. 

Por ley, las defensorías de la Niñez y Adolescencia son las que autorizan la posibilidad de trabajar a las y los adolescentes a partir de los 14 años mediante el llenado de un formulario en el que los empleadores asumen una serie de compromisos cuyo cumplimiento posterior debería ser verificado por las defensorías. Uno de los compromisos más importantes es darle al adolescente el tiempo necesario para que pueda desarrollar sus actividades educativas diarias. Ni la autorización para trabajar ni el seguimiento respectivo de dicha autorización una vez otorgada se están llevando a cabo como se esperaba.

Al respecto, la Defensora del Pueblo dijo: “Lastimosamente, los datos que nos pasaron de cerca de 60 defensorías consultadas ha sido casi mínimo en cuanto a los registros de adolescentes. En algunas defensorías, si mal no recuerdo la del Trópico, han registrado cinco solicitudes. Realmente esta suerte de registro y control no se realiza en la realidad. En el caso de las jefaturas de Trabajo, las cifras que nos han pasado son ínfimas en relación a lo que está pasando en la realidad”.

Efectivamente, el Ministerio de Trabajo no ha recibido el reporte de todas las defensorías de la Niñez y Adolescencia sobre los menores de edad que tienen autorización para trabajar, así que no sabe cuál es la situación de las y los pequeños; aunque sí ha constatado como explicó el jefe de Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Carranza, que hay menores de 14 años trabajando en actividades prohibidas como es el trabajo en talleres de reparación de carros, lo que fue visto, por ejemplo, en Sucre.

“Tanto en área urbana como rural, las niñas, niños y adolescentes declaran que su actividad es peligrosa con 22,0% y 20,4% respectivamente, sin embargo, en términos absolutos, hay más niñas, niños y adolescentes del área rural que realizan esta actividad en comparación con quienes residen en las áreas urbanas (107 mil en comparación con 47 mil, respectivamente)”. Fuente: “Bolivia: Un país libre del trabajo forzado, peligroso y explotación laboral de niñas, niños y adolescentes”. Análisis realizado por el Gobierno a partir de las cifras que manejaba el año 2016.

En el siguiente cuadro se puede ver cuáles son las actividades prohibidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en Bolivia.

https://guardiana.com.bo/wp-content/uploads/2021/08/Info-trabajos-prohibidos-OK-1.jpg

Les cerraron las puertas a los pequeños trabajadores

La Defensora del Pueblo aseguró que en medio de la pandemia, entre la primera cuarentena rígida y las siguientes, su institución se dio cuenta de que “no solo las defensorías de la Niñez, sino diferentes instituciones les habían cerrado la puerta” a las niñas, niños y adolescentes que trabajan.

“En ese momento (durante la pandemia), vimos con mucha preocupación en una intervención que realizamos en defensorías de la Niñez y Adolescencia que, más allá de que siempre han sido ausentes en el trabajo con niñas, niños y adolescentes, habían cerrado las puertas y no habían generado un canal de comunicación hacia ninguna población de niñez y adolescencia. Entonces, elaboramos las primeras solicitudes para que estas instancias comiencen a funcionar”.

Nadia Cruz, Defensora del Pueblo

Cruz informó que no solo pidieron información a las defensorías, sino también se preocuparon de ver qué pasaba en otras instancias al respecto. “También hemos insistido para que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia puedan colocar dentro de su agenda institucional la atención de esta problemática, tomando en cuenta casi los nulos registros que tienen las jefaturas o defensorías de la Niñez. También vimos que el Ministerio de Justicia casi no ha realizado ninguna acción en favor de esta población”.

“En este momento -dijo Nadia Cruz- estamos documentando algunos avances y desafíos con respecto a lo que tendrían que tener estas instancias municipales (defensorías) y espero que hasta antes de cerrar la gestión podamos emitir este informe defensorial e ir apoyando para que estas instancias puedan mejorar el trabajo de las niñas, niños y adolescentes que trabajan”. 

La conversación de Guardiana con la Defensora del Pueblo puedes escucharla en el siguiente audio:

LA VOZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

A fin de escuchar y recoger lo que tienen que decir las niñas, niños y adolescentes en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba porque tienen el derecho a pronunciarse, Guardiana recorrió algunos mercados y avenidas principales de dichas ciudades para dialogar con ellas y ellos. Si bien el número de niños, niñas y adolescentes con los que conversó no representa una muestra significativa cuantitativamente, a nivel cualitativo sí lanza algunas luces.

En ese recorrido en el que no solo se vio a adolescentes trabajando como indica la ley, sino a niñas y niños de nueve años, se pudo advertir que para ellas y ellos trabajar a su edad es “normal”. Algunos están trabajando más de las 14 horas semanales indicadas como parámetro por la Organización Internacional del Trabajo y en algunos casos corriendo riesgos porque se recogen a sus viviendas pasadas las 22.00 o 23.00. Esto ocurre sobre todo con quienes deben vender cierta cantidad de dulces o chocolates por día. Para otros que están en esquinas limpiando parabrisas, el riesgo es ser atropellados en algún momento, sobre todo los más pequeños. José, de nueve años, es uno de ellos.  Y llama la atención que entre los motivos para trabajar estén sobre todo tres: para ayudar a sus padres a pagar deudas bancarias, para que sus madres “no se metan en problemas” y para comprar un celular destinado a pasar clases porque el que tiene su mamá es usado por sus hermanos o el que usaban se arruinó.

Cuando se habló con quienes lideran las defensorías, sorprendió la poca información que tienen a mano sobre el tema; aunque el justificativo es que asumieron en mayo de este año. Se tuvo que regresar en más de una ocasión por los datos y después de dejarles o enviarles la lista de preguntas que se les haría. En el caso de Cochabamba, hasta el final no se tuvo acceso a los datos. En algún caso recién se enteraron de la existencia de los formularios que deben llenar para autorizar el trabajo de las y los adolescentes. Y, entonces, se hizo evidente que existe escasa coordinación entre estas instancias y otras a nivel nacional, sobre todo con el Ministerio de Trabajo.

Nadia, coordinadora de Taypi NAT (Niños y Adolescentes Trabajadores), que agrupa a menores en situación laboral de la ciudad de La Paz, hace notar que el trabajo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es burocrático y asegura que no realiza los seguimientos respectivos. Aún más, ella contó que su organización no tiene normalmente contacto con la Defensoría.

Al respecto, la Defensora del Pueblo dijo que efectivamente “las defensorías de la Niñez no tienen una relación cercana con ellos. En lugar de ser la instancia de protección, en muchos casos los NNATs (niños, niñas y adolescentes trabajadores) sienten que son como una instancia de persecución o fiscalización, y no hay esa relación de población e instancia de garantía. Eso dificulta mucho que pueda funcionar este mecanismo de protección”.

A todo ello habrá que sumar la inexistente campaña de información y comunicación a nivel nacional para que padres y empleadores sepan, por ejemplo, que se debe pedir la autorización de trabajo para un adolescente.

Los cambios necesarios

Hay quienes consideran que son muchos los ajustes que se deben realizar en Bolivia para que la erradicación del trabajo infantil sea algún día no muy lejano una realidad. Uno de ellos es el abogado Marcelo Claros, quien no solo es especialista en derechos humanos de la niñez y la adolescencia, sino que tuvo la oportunidad de trabajar en la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia en La Paz cuando se aprobó en 2014 la autorización para el trabajo a partir de los 10 años.  Hoy, él dirige una instancia similar a nivel privado.

Claros opina que los ajustes necesarios para que todo el aparato marche en defensa de los pequeños tienen que llegar, incluso, al Código Niña, Niño y Adolescente porque no se puede seguir dejando todo el peso de la responsabilidad en este tema a las defensorías de la Niñez y Adolescencia.

Y es que actualmente las defensorías tienen mucho que hacer al respecto por ley y no lo están pudiendo hacer. Además de “crear, implementar y actualizar el registro de las niñas, niños y adolescentes en actividad laboral o trabajo, y remitirlo al Ministerio de Trabajo”, deben “proteger, defender y restablecer los derechos de la y el adolescente trabajador”, en coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de trabajo. Estas últimas que dependen del Ministerio de Trabajo tampoco estarían cumpliendo su papel según lo visto por la Defensora del Pueblo.

Pero el peso que cargan las defensorías y por el que no están pudiendo responder ni resolver no es el único problema que requiere ajustes. Hay más problemas que le han llevado a Marcelo Claros a asegurar que en los últimos siete años  no hubo avance alguno en la erradicación del trabajo infantil. Estos son algunos de los que él menciona:  

Claros también considera importante crear una instancia a nivel nacional, se llame ministerio, viceministerio o algo parecido, donde se pueda contar con todos los recursos humanos y económicos para enfrentar en serio y con responsabilidad la atención, protección y erradicación del trabajo infantil y adolescente en Bolivia. Mientras esto no ocurra y se realicen otros ajustes más que suman una larga lista, considera que prometer que en 2025 se logrará eliminar el trabajo infantil es una utopía y más parte de un discurso solo político. Él cree que incluso solo con conseguir para el 2025 que se anuncie la elevación de los 14 a los 15 años como edad permitida para trabajar ya se estaría frente a un importante avance, además de avanzar en los otros ajustes a los que hizo mención.

¿Qué se espera de cara al futuro?

  • A futuro primero se espera que el Gobierno central junto con los otros dos niveles de gobierno, departamental y municipal, hagan el máximo esfuerzo para coordinar de manera óptima a partir de una estrategia que acompañe una política pública consensuada y puesta en práctica para erradicar el trabajo infantil.
  • También se espera de acuerdo al mismo proyecto que maneja hoy el Ministerio de Trabajo que las responsabilidades en la búsqueda de la erradicación del trabajo infantil y una óptima protección a la niñez y adolescencia sean compartidas, pero bajo la batuta clara y bien definida y programada de un ministerio, a fin de que no se den cabeza con cabeza entre dos o más ministerios.
  • Desde la acera de la Defensora del Pueblo, ella entregará a fin de año un informe y asegura que viene haciendo gestiones para tender puentes entre las partes involucradas en esta problemática, a fin de que niños, niñas y adolescentes no vuelvan a encontrar las puertas cerradas a la hora de buscar y necesitar protección y ayuda.
  • En el caso de las defensorías de la Niñez y Adolescencia, no está claro cuál es su compromiso a futuro. Algunas solo se limitaron a decir que si existe una disposición del Ministerio de Trabajo para que llenen formularios que autoricen el trabajo de las y los adolescentes a partir de los 14 años, cumplirán tal disposición. Sin embargo, sí son escépticas frente al anuncio del Gobierno de erradicar el trabajo infantil en Bolivia para el año 2025 porque consideran que el problema es “complejo”, “complicado”…

Y todo el tiempo en que Bolivia como país tarde en consensuar una política pública acompañada por una estrategia para erradicar el trabajo infantil con responsabilidades y cronogramas claros, pequeños de un poco más de medio metro como José seguirán parándose de puntas para alcanzar un parabrisas y, en algún momento, alcanzar el monto que le permita comprarse un celular.

Este artículo forma parte de una investigación que incluye los siguientes materiales:

  1. Historia del manejo político del trabajo infantil en Bolivia desde el 2014
  2. Gobierno admite que no logró objetivos y alista política pública para trabajo infantil
  3. Ministerio de Trabajo mantiene su palabra de erradicar el trabajo infantil hasta 2025
  4. Muy pocos adolescentes piden y tienen permiso de las defensorías para trabajar
  5. En La Paz, “trabajo para que mi mamá ya no se endeude”…”lo hago por un celular”
  6. Hay pequeños en la Llajta que trabajan más horas de lo permitido y esquivando carros
  7. En Santa Cruz son vendedores, estibadores, ambulantes, cuidadores y malabaristas

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