Cuatro problemas en la justicia que vulneraron los derechos de Juana Quispe a 10 años de su muerte

El pasado 12 de marzo se cumplieron 10 años de la muerte de la concejala Juana Quispe, la primera mujer en ocupar ese puesto en el municipio paceño de Ancoraimes, provincia Omasuyos. Se trata de un caso emblemático de acoso y violencia política hacia una mujer y que permitió acelerar la aprobación de la ley 243, contra este delito, en mayo de 2012.

Juana Quispe es recordada por su rol fiscalizador y de ayuda social en el municipio donde fue elegida concejala por la agrupación ciudadana Tupak Katari, pero su trabajo se vio impedido por alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y el presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal: Pastor Cutili y Basilia Ramos, respectivamente, quienes son los principales sospechosos de su muerte.

Un 12 de marzo de 2012, el cuerpo de Juana Quispe fue encontrado sin vida en el río Orkojahuira, con marcas de ahogamiento. Según el cuaderno de investigación, la última vez que fue vista estaba en compañía del alcalde y los dos concejales. Los cuatro habían asistido a la marcha por el día del Acullicu en la ciudad de La Paz.

Ese viaje se dio luego de que Quispe atravesara una batalla legal contra el alcalde. Luego de su elección como concejala no le permitieron asumir su cargo. Evitaban su ingreso a las sesiones del Concejo, cambiaban la sede para que ella no pueda asistir, la presionaban para que renuncie, incluso en una ocasión, grupos de choque la arrastraron violentamente por la plaza del pueblo si no desistía de su denuncia contra el alcalde, en la que demandaba que le permitan trabajar.

Su muerte se dio dos días antes de una audiencia conclusiva por este caso y 12 días después de que Cutile y Ramos la amenazaron de muerte porque se negaba a viabilizar presupuestos. A 10 años de la muerte de la concejala, todavía no hay justicia en este caso y el proceso está en la etapa de acusación, informó la abogada Valkhiria Lira, según cita un reporte de la agencia Efe.

Cuatro problemas estructurales que impidieron que se haga justicia en su caso

El Colectivo de Abogados de La Paz de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) realizó un informe sobre las vulneraciones legales-procesales que se cometieron en el caso de Juana Quispe y encontró cuatro problemas estructurales que sufrió la concejala desde el momento en que asumió el cargo en el municipio de Ancoraimes.

El primer problema es el acceso a la justicia. Juana Quispe fue víctima de la inacción estatal en la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de violencia y discriminación contra las mujeres. “El Estado no ha cumplido con la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, puesto que no existió debida diligencia al investigar los hechos, ni una pesquisa seria y efectiva. De la misma manera, ningún tipo de sanción a los agresores fue impuesta ni se adoptaron medidas de protección o garantías de no repetición, aspectos que se explican, por ejemplo, con el hecho de que hasta el momento no se cuenta con una sentencia condenatoria por ninguno de los dos procesos penales relacionados con Juana Quispe”, señala el informe del colectivo.

Un segundo problema tiene que ver con la valoración de la prueba. En 2017, por ejemplo, la defensa de Quispe presentó tres memoriales a través de los cuales solicitó la consideración de elementos probatorios dentro del caso. “Si bien todas fueron recibidas y respondidas mediante las providencias respectivas, nunca llegaron a efectuarse, en parte porque durante ese tiempo se reasignó al investigador en cuatro ocasiones durante ese año”. Esa situación muestra que los operadores de justicia cometen “faltas en los deberes de recopilación de toda prueba”.

El tercer problema es la retardación de justicia. Hubo un total de siete cambios del investigador de este caso y esto provocó una alta dilación porque obligó a que se solicite, para cada investigador, “una y otra vez la reconstrucción de la escena, los requerimientos fiscales respectivos y la recopilación de pruebas para poder formular los respectivos informes”. A esto se suma un alto número de recusaciones en el proceso.

El cuarto problema es la impunidad. En el informe se menciona que no hubo la diligencia debida en la investigación ni la protección jurídica de las víctimas. Esto empeora cuando se especifican las acciones emanadas por los operadores de justicia: “Las resoluciones de desistimiento y rechazo, las medidas cautelares impuestas por los jueces, y la excesiva dilación de todos los operadores al momento de efectuar o responder a actos procesales, son clara evidencia de la tendencia a no juzgar a quienes fueron imputados por los mismos fiscales”, precisa el informe del Colectivo de Abogados de La Paz de UNITAS.

El informe identificó estas vulneraciones sobre la base de un análisis de los estándares internacionales de derechos humanos. En el trabajo se tuvo también la participación del Observatorio para la Exigibilidad del Derecho de las Mujeres. 

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