Observatorio de UNITAS: Se cometieron 56 vulneraciones contra defensores de derechos entre enero y octubre

Entre enero y octubre del presente año se registraron 56 vulneraciones a los derechos de las personas e instituciones defensoras de derechos, según datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. Del total de vulneraciones, 23 tienen que ver con casos de obstaculización en la realización de sus actividades.

El trabajo del Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS en materia de monitoreo de casos de personas e instituciones defensoras de derechos se desagrega en categorías de vulneración, de ahí que los 56 hechos se detallan de la siguiente forma: 23 casos de obstaculización en la realización de sus actividades, 15 casos de criminalización de defensores, siete referidas a la falta de protección en situaciones de riesgo, seis amenazas y cinco agresiones.

Entre los casos de obstaculización, resalta el sufrido por la subgobernadora de la provincia Franz Tamayo de La Paz, Genoveva Espinoza, quien, cuando aún fungía en el cargo, denunció la explotación ilegal de oro en el parque Madidi, hecho que le valió el cargo. “Las denuncias que he realizado en el municipio de Apolo respecto a la minería ilegal, yo no podía encubrirlo y es por eso que ahora estoy siendo destituida. Lamento que, hasta el día de hoy, la Gobernación de La Paz no haya tomado ninguna acción por el atropello que hemos sufrido”, argumentó Espinoza (30/06/2022).

Otro caso fue la retención a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia  (APDHB), Amparo Carvajal, cuando intentaba ingresar a la reserva de Tariquía en Tarija, para verificar una denuncia de vulneración de derechos a comunarios del lugar, sin embargo, se encontró con varios puntos de bloqueo que apoyaban y demandaban la exploración y la explotación de hidrocarburos en la reserva, en uno de ellos, los comunarios impidieron que Carvajal avanzara y la retuvieron en contra de su voluntad (18/04/2022).

Sobre la falta de protección en situaciones de riesgo, resalta el caso de los periodistas torturados en el predio de Las Londras. El 30 de agosto pasado, el juez cautelar de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, ratificó la libertad con medidas sustitutivas a Paulino Camacho Vedia, considerado uno de los más violentos y cabecillas del grupo armado de encapuchados que atacó a los periodistas (30/08/2022).

Con relación a los casos de criminalización de defensores, sobresale el caso de cuatro dirigentes del Magisterio Urbano paceño que fueron detenidos, luego de tomar por minutos las oficinas del Ministerio de Trabajo para que ese despacho reconozca a su directiva. Los profesores exigían desde mayo que el Ministerio de Trabajo reconozca a su nueva dirigencia presidida por José Luis Álvarez, elegido en elecciones del sector, a fin de regularizar sus actividades y las cuotas sindicales, sin embargo, desde el ministerio congelaron las cuentas del Magisterio y por la protesta iniciaron acciones legales en contra de Álvarez y tres dirigentes por destrucción y deterioro de bienes del Estado (21/10/2022).

Sobre las amenazas a defensores, resalta el caso de Amparo Carvajal que recibió amenazas, luego de denunciar la toma de un inmueble de la APDHB por la entidad paralela que encabeza Edgar Salazar. “Me amenazan de ladrona y me dicen que van a ir por la Asamblea”, indicó Carvajal al Observatorio de Defensores de UNITAS (21/09/2022).

En esta categoría, otro caso fue el del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado y la Fundación “Acción Cultural Loyola”. Ambas instituciones fueron amenazadas por campesinos y otras organizaciones sociales de ser expulsadas de Huacaya, por su labor en favor del proceso autonómico de ese territorio indígena de Chuquisaca (22/08/2022).

Por último, en lo relacionado a las cinco agresiones a defensores, una de ella fue en contra del diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, quien fue agredido por la Policía cuando pretendía recabar información sobre 24 personas detenidas en la represión policial a una movilización de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz. El legislador fue reducido por un policía, le arrebataron su celular y lo pretendieron arrestar (10/08/2022).

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