“El Estado debería regular el mercado de la venta inmobiliaria y normar el alquiler”

Por Rodolfo Huallpa

El libro “Análisis de situación de las políticas sobre hábitat urbano y vivienda en Bolivia”, escrito por René Pereira y Daniel López, desglosa el boom de la construcción de nuevas unidades habitacionales que se ha producido en Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba, donde en la mayoría de los casos, éstas tienen una función eminentemente comercial.

Pero más allá de eso, el estudio da cuenta que este boom de la construcción se da a costa de la adquisición de extensiones de tierra compradas a propietarios “generalmente pobres” para instalar urbanizaciones de mucho confort, “donde los principales actores son las inmobiliarias y los loteadores”.

La cantidad de viviendas aumentó en el país de 1.444.142 unidades en 1992 a 2.803.982 en 2012. En cambio, la población creció, en ese mismo lapso, de 6.421.963 a 10.059.856 habitantes. Si se mide la velocidad de crecimiento, la población estuvo creciendo a 2,3% promedio año y las viviendas a una velocidad mayor de 3,4%. Además, según el Censo del 2012, el déficit de viviendas en el país es de 377.660 (13,5%).

“Es decir existen más viviendas de lo que la población requiere”, complementa el estudio que apuesta, por ello, a que “el Estado debería regular el mercado de la venta inmobiliaria y normar el alquiler”.

“La vivienda debe cumplir una función social, esto abre la posibilidad de presionar para que las viviendas y pisos en edificios estén ocupados con alquileres, según un precio estándar. De no cumplir con la función social de la vivienda, ésta podría ser afectada con la elevación de impuestos”, se lee en el texto.

Los autores citan la opinión de especialistas en el tema para señalar que no se debería construir más viviendas en el país, en su lugar la política debería promover la densificación, ampliación y mejora de las viviendas en el marco de las economías de escala.

Con relación a las viviendas sociales que construye el Gobierno, se observa que en “muchos casos” son abandonadas por su precariedad (entrega sólo de obra gruesa) y por conflictos por el suelo (demandas de propiedad), poniendo en debate los resultados de los planes de vivienda.